Los gobiernos democráticos suscitan la confianza de los ciudadanos porque de ellos provienen, a ellos informan regular y verazmente, y a ellos protegen, por lo menos en un grado mínimo.
Correlativamente, los gobiernos autoritarios suscitan la desconfianza porque, no debiendo a los ciudadanos su poder, les ocultan decisiones y hechos, no defienden sus intereses sino los del grupo gobernante y de sus aliados, y son, generalmente, temidos.
La confianza de los gobernados en los gobernantes implica, entre otras cosas, una mínima similitud de intereses y de valores entre ambos grupos. En las sociedades democráticas, la confianza de los gobernados se sustenta, entre otras cosas, en esa similitud. En las sociedades con gobiernos autoritarios, en cambio, el grupo gobernante defiende principalmente sus intereses y los de sus aliados, y sólo secundariamente los de los gobernados. El valor esencial y común de los gobiernos autoritarios es su permanencia en el poder, mientras el valor común de los gobernados es que el gobierno dure sólo mientras gobierne para los ciudadanos. Esta contradicción entre intereses y valores origina, naturalmente, la desconfianza de parte de los gobernados.
La confianza en las democracias y la desconfianza en los sistema autoritarios no sólo se deriva de la lógica de ambos sistemas políticos. Tiene, también, abundante sustento empírico. Entre ese sustento empírico, destaca el trabajo de Ronald Lippitt et Ralph H. White sobre las diferentes actitudes que generan en cuatro grupos de niños tres diferentes tipos de dirigentes(1): el democrático, el autoritario y el no intervencionista. Para evaluar lo que estos autores llaman la confianza, el observador determina el volumen de intercambios entre el líder y los miembros del grupo. Las conversaciones alrededor de la preocupación por la vida del grupo, del interés por los problemas que ella plantea, y por las soluciones propuestas, todo esto es en ellos más claro cuando el líder es democrático, eso está casi ausente cuando el líder es no intervencionista. Cuando las conversaciones entre el líder y los niños involucran el trabajo del grupo, la confianza entre las dos partes es de 40 por ciento si el líder es democrático, 25 por ciento si el líder es autoritario y menos de 20 por ciento si el líder es no intervencionista.
Además de la similitud de intereses y de valores, la confianza implica que los gobernados supongan, sepan o crean que el gobierno cumple eficiente y honestamente sus tareas. Si los gobernados suponen, saben o creen que el gobierno lo hace así, confía en el él, por lo menos en un grado mínimo. Es natural confiar en alguien que no sólo tiene los mismos valores e intereses que uno, sino busca el bien de uno de manera sincera, eficiente y honesta. Lo correlativo, por lo tanto, también es verdad: nadie confía en alguien que no sólo no tiene los intereses y los valores de uno, sino hace mal y deshonestamente lo que se supone que hace por uno.
El nivel de credibilidad gubernamental es otra variable que explica el nivel de confianza. Esta es directamente proporcional a aquél: a mayor credibilidad gubernamental, mayor confianza ciudadana, y viceversa. La razón de esta relación es clara: cuando el gobierno miente, engaña u oculta información repetida y regularmente, el gobierno no sólo pierde credibilidad sino genera desconfianza. Correlativamente, cuando el gobierno informa oportuna y verazmente, por lo menos en grado mínimo, merece no sólo credibilidad sino confianza.
Es probable, finalmente, que un sistema electoral que garantice elecciones limpias con resultados razonablemente fuera de duda propicie la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, y, correlativamente, que un sistema electoral que no lo haga propicie la desconfianza.
Los mexicanos desconfían de sus instituciones políticas porque México no es un país democrático, porque las consideran incompetentes y corruptas, y porque la credibilidad gubernamental en México siempre ha sido muy baja.
Los mexicanos confían en sus instituciones políticas menos que los canadienses y los estadounidenses porque han padecido gobiernos autoritarios, desde la época colonial hasta nuestros días. Como he razonado antes, la confianza en las democracias y la desconfianza en los sistema autoritarios se deriva de la lógica de ambos sistemas políticos, y se ha confirmado con estudios empíricos.
Las instituciones políticas mexicanas son vistas por sus ciudadanos como poco eficaces y poco honestas, es decir como incompetentes. Los mexicanos han estado alejados o enemistados con sus autoridades y con sus policías. De los cinco países estudiados en The Civic Culture, México es el que muestra menos expectativas de que los burócratas y los policías den a todos el mismo trato. En Estados Unidos, 83 por ciento esperaban, en 1959, igual trato para todos de parte de la burocracia, mientras así lo hacían 83 por ciento en Gran Bretaña, 65 por ciento en Alemania Occidental, 53 por ciento en Italia, y sólo 42 por ciento en México. Los porcentajes que tenían esa expectativa hacia la policía eran los siguientes: 85 en Estados Unidos, 89 en Gran Bretaña, 72 por ciento en Alemania Occidental, 56 por ciento en Italia, y sólo 32 por ciento en México(2). Es probable que los porcentajes hayan sido aún más bajos, porque la muestra mexicana de Almond y Verba subrepresentó la población rural(3). Estos autores citan, a manera de ilustración, los testimonios de un pequeño empresario y de un maestro de escuela mexicanos:
El pequeño empresario dijo esto:
"Normalmente, los burócratas no son muy competentes. Uno no ve aquí individuos con mucha educación en el municipio. No son muy eficientes en la manera en que hacen su trabajo. Pero en el gobierno local, ellos cumplen su obligación por dinero".
El maestro de escuela dijo lo siguiente:
" ... los jueces operan por dinero"(4).
La corrupción generalizada, sugerida en los dos testimonios anteriores, es uno de los factores que más influyen en la desconfianza atávica de los mexicanos. El hecho de la corrupción es tan generalizado que uno de los idéologos más respetados del partido gobernante, PRI(5), Jesús Reyes Heroles, afirmó, siendo secretario de Educación Pública, que "la corrupción en México llegó a niveles inconcebibles"(6), y que la corrupción se había convertido en la regla de la administración pública mexicana(7). "La corrupción está extendida en México (8)", y "satura el sistema político mexicano"(9). Los casos innumerables de soborno, extorsión, fraude, comisiones ilegales, nepotismo, y de riqueza inexplicada suceden rutinariamente en las escalas superiores de la pirámide gubernamental (10). Además de su omnipresencia vertical, la corrupción también penetra horizontalment en la burocracia mexicana de una manera generalizada: indudablemente ninguna parte del gobierno ha escapado a las tentaciones seductoras de la ganancia corrupta. La omnipresencia de la corrupción en México no es un fenómeno reciente. Desde el siglo pasado, Lucas Alamán se refiere a los privilegios corruptos disfrutados por el ejército mexicano desde entonces. La corrupción en México es antigua, central y omnipresente(11).
Una encuesta realizada en 1986 mostró que "el público percibe la corrupción como extendida", y que "la mayoría de los entrevistados sentían que políticos se aprovechan de los cargos públicos con impunidad, que el sistema policíaco es muy corrupto, y que la mordida es un rasgo institucional rutinario cuando se trata con el gobierno" (12). Estos mismos datos muestran que "la corrupción ha contribuido a la desconfianza generalizada hacia el gobierno": entre quienes piensan que la corrupción es alta, 55 por ciento tienen poca confianza en el gobierno, mientras que sólo 23 por ciento tienen mucha confianza en él (13).
Los gobiernos mexicanos casi nunca han sido creíbles en México, por dos razones principales:
1) Históricamente, las instituciones políticas mexicanas han funcionado, por lo menos desde la Independencia, de manera diferente de como las leyes lo disponen. Pablo González Casanova resume así esta esquizofrenia nacional:
"El texto constitucional de México -como el de los demás países latinoamericanos- se inspira en las ideas de la Ilustración francesa y de los constituyentes de Filadelfia. Las ideas de Rousseau sobre «la soberanía popular», las de Montesquieu sobre la división y equilibrio de los «tres poderes» y las de los «contrapesos y balanzas» del poder estatal, a que se refiere Madison en El Federalista, son el fundamento teórico de nuestras constituciones políticas.
"En la realidad, la estructura del gobierno y las decisiones políticas van por caminos distantes de los modelos ilustrados del siglo XVIII y principios del XIX ... Los partidos, el sufragio, las elecciones, los «tres poderes», la «soberanía de los estados federales», y en general todo el aparato de la democracia tradicional operan de tal forma que las decisiones políticas nada o poco tienen que ver con los modelos teóricos ... La dinámica política, la institucionalización del cambio, los equilibrios y controles, la concentración y división del poder hacen de los modelos clásicos elementos simbólicos que recubren y sancionan una realidad distinta"(14).
Uno de los más inteligentes analistas de la estructura de la historia de México afirma, con respecto a los gobiernos liberales del siglo pasado:
"La permanencia del programa liberal, con su división clásica de poderes -inexistentes en México-, su federalismo teórico y su ceguera ante nuestra realidad, abrió nuevamente la puerta a la mentira y la inautenticidad. No es extraño, por lo tanto, que buena parte de nuestras ideas políticas sigan siendo palabras destinadas a ocultar y oprimir nuestro verdadero ser"(15).
México nunca ha sido una democracia, pero todos los gobiernos se han considerado elegidos democráticamente. Muchos estudios recientes sobre la política mexicana han enfatizado el carácter autoritario de procesos de decisión políticos y de las estructuras de la organización política. Las discusiones sobre el autoritarismo estructural se han basado muchas veces en el modelo de Juan Linz sobre los régimenes autoritarios. Este modelo destaca como propias de los regímenes autoritarios las características siguientes: pluralismo limitado, movilización popular baja, débiles constreñimiento ideológicos en las decisiones de la élite, y el ejercicio frecuentemente arbitrario del poder por un solo líder o por un grupo pequeño(16). Todas estas características se aplican total o casi totalmente a México.
Sin embargo, la Constitución política vigente dice:
"La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de sus gobierno" (artículo 39).
México nunca ha sido una república federal, pero todas las constituciones políticas, excepto la efímera república conservadora del siglo pasado, han sido federales. El único poder real, en términos estrictamente políticos, ha sido el Presidente de le República. Los gobernadores de los estados, por lo menos hasta 1989 en que fue reconocida la victoria electoral del primer gobernador de un partido de oposición(17), han sido subordinados reales e incondicionales, del Presidente de le República. Los gobernadores de los estados deben su candidatura al Presidente de la república, pueden ser depuestos por él con relativa facilidad, están sometidos al control militar federal, y dependen financieramente de la Federación (18). Sin embargo, la Constitución vigente, como casi todas las anteriores desde que el país es independiente, estipula que:
"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental" (artículo 40).
Los municipios dependen, financiera y políticamente, de los gobiernos de los estados y del gobierno llamado federal(19). Sin embargo, la Constitución consagra la existencia del "Municipio Libre" (artículo 115).
2) Las elecciones, desde que existen, han sido casi siempre acusadas de fraudulentas. Toda la historia electoral de México es una historia de fraudes, o en ninguna elección mexicana la mayoría de los electores ha tenido libertad para informarse o para expresar su voto. No existe ningún estudio exhaustivo de los mecanismos del fraude electoral en México. Sin embargo, ningún analista serio e independiente, pone en duda que el fraude ha sido, por lo menos desde 1929, un elemento constitutivo del sistema electoral mexicano. "La tradición electoral mexicana, escribe Antonio García Crespo, es, pues, poco democrática, de poca o nula competencia real, de privilegios y de favoritismos, de simbolismo, de compra de los votos combinada con el uso de la coacción para su captación, de modificación fraudulenta de los resultados, y del uso de la fuerza pública para imponer a los triunfadores formales, cuando éstos no son aceptados como legítimos por algún grupo"(20). En casi todas las elecciones municipales, estatales o federales, uno o varios partidos de oposición han presentado pruebas de distintas formas de fraude o de presiones sobre los electores. La mayor parte de estas pruebas no han sido consideradas por las autoridades electorales, casi siempre controladas por el gobierno, su partido o los partidos dependientes del gobierno. Dos elecciones presidenciales han sido seriamente y ampliamente cuestionadas: la de Manuel Avila Camacho (1940) y la de Carlos Salnas de Gortari (1988)(21).
Por todas estas razones, los mexicanos no confían en sus gobiernos, o tienden a desconfiar de ellos.
1. Todo lo referente al estudio de Lippitt y White lo tomé de François Bourricaud, Esquisse d'une théorie de l'autorité, Plon, Paris, 1969, 470 p., pp. 127-199.
2. Gabriel A. Almond y Sidney Verba, The Civic Culture, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1963, 562 p.; p. 108.
3. Ann L. Craig y Wayne A. Cornelius, "Political Culture in México: Continuities and Revisionist Interpretations", in: Gabriel A. Almond y Sidney Verba (editors), The Civic Culture Revisited, Little, Brown and Company, Boston-Toronto, 1980, p. pp. 327-328.
4. Almond y Verba, The Civic Culture, p. 114.
5. Partido Revolucionario Institucional, fundado el 4 de marzo de 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Véanse: Alejandra Lajous, Los orígenes del partido único en México, UNAM, 1979, 268 p., p. 50; Lorenzo Meyer, Rafael Segovia y Alejandra Lajous, Historia de la Revolución mexicana. Los inicios de la institucionalización, 1928-1934, El Colegio de México, 1981, 314 p., p. 62; Luis Javier Garrido, El partido de la revolución institucionalizada. La formación del nuevo estado en México, Siglo XXI Editores, 1995, 380 p., pp. 91-92.
6. México. Miguel de la Madrid, El primer tramo, Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, México, 372 p., p. 228.
7. Cito de memoria.
8. Stephen D. Morris, Corruption & Politics in Contemporary Mexico, The University of Alabama Press, Tuscaloosa-London, 1991, 202 p., p. xiii.
9. Ibid., p. xv.
10. Ibid., p. xvi.
11. Ibid., pp. xvii-xviii.
12. Ibid., p. 111.
13. Ibid.
14. Pablo González Casanova, La democracia en México, Era, México, [1965] 1980, 328 p.; p. 23.
15. Octavio Paz, El laberinto de la soledad, FCE, México, [1950] 1993, 350 p., p. 159.
16. Craig y Cornelius, "Political culture in Mexico", p. 351.
17. Ernesto Ruffo, del Partido Acción Nacional (PAN), fue elegido gobernador de Baja California.
18. Pablo González Casanova, La democracia en México, pp. 37-38; Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano, Cuadernos de Joaquín Mortia, México, 1973, 116 p.; p. 22.
19. González Casanova, La democracia en México, pp. 41-43.
20. José Antonio Crespo, Urnas de Pandora. Partidos políticos y elecciones en el gobierno de Salinas, CIDE-Espasa Calpe Mexicana, México, 1995, 312 p.; p. 7.
21. Sobre estas elecciones, véanse: José Barberán, Cuauhtémoc Cárdenas, Adriana López Monjardin y Jorge Zavala, Radiografía del fraude, Nuestro Tiempo, 1988, 153 p., passim; Silvia Gómez Tagle, De la alquimia al fraude en las elecciones mexicanas, GV Editores, 1994, 162 p., pp. 59-138.